modelo 036 declaracion sociedad No es ningún secreto que la administración es la última en adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. Por su propia naturaleza institucional, la administración representa las reglas del juego. Y cambiar las reglas del juego, no nos engañemos, es engorroso para todos; para los árbitros pero también para los jugadores. Ya lo decía el CEO de US Robots en la versión cinematográfica del libro de Isaac Asimov ‘Yo Robot’: Tú eres de los que prohibiría internet para que no desaparecieran las bibliotecas”. Es el síndrome de Estocolmo de los prisioneros del pasado.

Hay ejemplos del anacronismo de la terminología administrativa por todas partes. Palabras anticuadas, términos desfasados e incluso denominaciones sexistas. Sin ir más lejos, en las citaciones judiciales todavía se da la posibilidad a los citados de ir acompañados de “un buen hombre”. Pero un caso que llama especialmente la atención por el dinamismo del sector al que afecta, es el de las formas jurídicas de las empresas.

A pesar de los profundos cambios económicos y sociales vividos desde la ya lejana revolución industrial, la palabra ‘empresa’ sigue teniendo fuertes connotaciones heredadas de su concepción capitalista de finales del siglo XIX. Aunque su primera acepción según la RAE está ligada a la dificultad y esfuerzo que entraña una tarea, la concepción más extendida de la empresa es la de una organización con fines lucrativos. Esto da lugar a situaciones tan contradictorias como poder encontrar en el Registro Mercantil la cuenta de resultados de Greenpeace España S.L. Una organización que se define a sí misma como ONG se acoge sin embargo a una forma jurídica pensada para organizaciones comerciales. Y esta no es una excepción, ocurre así por norma general.

¿A qué se debe este galimatías administrativo? En primer lugar, el proceso de privatización que hemos vivido en las últimas décadas acabó con la clara distinción que existía entre organizaciones privadas (con fines comerciales) y organizaciones públicas (con fines sociales). Aparecieron las empresas privadas de gestión pública que, con la promesa de modernizar la desfasada gestión burocrática de la administración, acabaron pervirtiendo los fines sociales del sector público en pro de la búsqueda de una rentabilidad económica. Y esto dio lugar a la necesidad de la aparición de las erróneamente llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Y digo erróneamente porque el acrónimo es ambiguo, como cualquier término que defina las cosas por lo que ‘no’ son. ¿O acaso se puede negar que Nike sea una ONG? No existen indicios de que la multinacional pertenezca a ningún gobierno.

En realidad, cuando la gente habla de ONG se refiere a organizaciones privadas con fines no lucrativos. Privadas, porque se financian con donaciones privadas; a diferencia del llamado Tercer Sector de la Acción Social, que se financia mayoritariamente a través de subvenciones públicas – como las numerosas fundaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente están las recién nacidas empresas sociales, que a pesar de tener un fin social se financian con los réditos económicos de su propia actividad. No se trata de empresas que simplemente ejercen la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), sino de empresas nacidas por y para el bienestar social. Estas organizaciones responden a un nuevo paradigma económico que defiende que los beneficios sociales deben ir ligados al crecimiento económico. Una idea de economía del valor real que surge como confrontación a la economía de la especulación financiera que promovieron los gobiernos y las organizaciones supranacionales a principios del siglo XXI y que nos ha llevado a la devastadora crisis en la que todavía nos encontramos.

Necesitamos por tanto un nuevo sistema jurídico de clasificación de las organizaciones en función de sus fines y sus modelos de financiación. La distinción entre empresas con fines sociales y empresas mercantiles es tan necesaria como la diferenciación entre empresas públicas y privadas. En EEUU ya existe una forma jurídica propia para las empresas sociales y en algunos países de la Unión Europea se está luchando por introducir este cambio. En España, existe una proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso para regular las empresas sociales bajo la figura de la Sociedad Limitada de Interés General (S.L.I.G). Sin embargo, no parece que la propuesta vaya a progresar, por lo menos en esta legislatura.

Una vez más el cambio cultural se va a adelantar al cambio administrativo. Al margen de las connotaciones negativas que la palabra siga teniendo para algunos, ya somos muchos los que vemos en la empresa una solución no sólo a los problemas económicos sino también a los problemas sociales de nuestro tiempo. ¿Cuánto tardará la administración en darse cuenta? Quizá sólo podamos encontrar la respuesta en alguna novela de Asimov.

Autor: Mat Nso

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